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Ley Antidiscriminacion

Ley Antidiscriminacion

Con relación al reciente proyecto de ley presentado por los diputados Remo Carlotto y la Diputada Diana Conti que apunta a actualizar y ampliar el alcance de la ley antidiscriminación vigente, la Nro. 23.592 que rige desde el año 1988.

La propuesta pretende ampliar algunos conceptos e incluir dentro del proyecto nuevos lugares de aplicación de la ley como Internet y medios de comunicación.

Como proveedores de alojamiento web queremos sentar una posición respecto de la misma y la cual vemos con preocupación en cuanto a que como administradores de la información subida y  alojada en  las páginas y/o plataformas de nuestros clientes, nos vamos a  ver en la tarea de arbitrar por los medios necesarios para monitorear los contenidos que sean considerados por cualquier persona como discriminatorios. Ver Reforma Proyecto de Ley

Nosotros propendemos una actitud no discriminatoria y en ningún caso y bajo ninguna circunstancia apoyamos los comentarios, contenidos e información que sean materia u origen de actitud de discriminación cualquiera que fuera la razón de ésta: nacionalidad, género, raza, religión, militancia política, preferencia sexual (o los que bien describe la ley)

La incorporación de los medios e Internet a la norma en el artículo 21 incentiva la auto censura. El alcance incluye plataformas, páginas web, blogs, redes sociales, agencias de noticias, medios de prensa, diarios online, revistas electrónicas y otros sitios de Internet que permiten la publicación de opiniones, contenidos, comentarios o mensajes, lo que se traduce en un alcance demasiado amplio para poner los medios necesarios para monitorear éstos contenidos, en nuestro decenas de miles de páginas web. Es posible que otros medios y proveedores puedan tener los recursos para autoregular y determinar que se puede o no publicar. En ese caso se aplicaría la autocensura, al cerrar a los usuarios los comentarios y/o publicación de contenidos.

Aclarando así y sin desconocer que todas las expresiones deben tener su correspondiente responsabilidad en todos los órdenes, sin embargo ésta en materia de afectación no puede aplicarla, definirla, o calificarla un operador de red, un proveedor de servicios informáticos o un portal mismo, sino que debe corresponder a las autoridades del Estado,  bien sean ellas administrativas o judiciales según se trate de los efectos que surjan de una demanda por responsabilidad en un escrito que adquiera el carácter de ser público (o publicado).

Raya esto y en una línea muy delgada con otro derecho fundamental: la libre expresión. Al respecto la ADC (Asociación por los derechos Civiles) sostiene: “el proyecto viola el principio de legalidad, el de la libertad de expresión en Internet, limita el debate público y no es idóneo para resolver el problema que aborda haciéndolo contrario a lo que define la Constitución Nacional”

Beatriz Busaniche de la ONG vialibre.org.ar sustenta: “la amplitud de la definición de contenidos discriminatorios excede ampliamente las excepciones al discurso protegido por la libertad de expresión en los términos del artículo 13 de la Convención Americana. A esto se suma el hecho de que la autoridad de aplicación de la norma es el Poder Ejecutivo Nacional, en abierta contradicción con el párrafo 86 del mismo documento de la CIDH

Desde nuestra posición de entes privados, proponemos un debate abierto, participativo, igualitario en donde sean tomados los puntos de vista y posiciones de todos los que por ésta  propuesta de  reforma nos vemos directamente afectados.

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